Cada año nuestra Comunidad celebra su fiesta en la efeméride de la batalla de Villalar, donde en un desequilibrado balance de fuerzas finalizó la rebelión de ciudades y ciudadanos contra el poder del Reino. Los comuneros denunciaban un trato injusto y no tanto la legitimidad del recién nombrado emperador. Dejemos el tema a los expertos, aunque también los haya habido que interpretaron la revuelta como resistencia al cambio frente al «progreso» que representaba Carlos l. Sin embargo, el sentir de la celebración está cargado por la trágica derrota de un ideal de justicia y libertad popular. La fiesta tiene hoy lugar en un contexto de excitación que va más allá de las dificultades que impone la crisis económica y penetra en la incertidumbre generada por la falta de «ejemplaridad» en el comportamiento de importantes personajes públicos, a la vez que se nos está exigiendo austeridad y sacrificio.

La pesadumbre con la que nuestra vida pública se manifiesta día a día se acentúa ante la falta de un discurso político esperanzador mientras los «tea parties” madrileños imponen la idea de que hay algo fallido en nuestras instituciones y, en particular, en las Comunidades Autónomas. Un contexto en el que me resisto a admitir ideas mal armadas desde el centro del país y reivindico, aliado de la fiesta, la diferencia. Diferencia ya no sólo como derecho sino como voluntad, porque Castilla y León dispone de una entidad -e identidad suficiente para proponer y defender un modelo de gobierno y de sociedad propios, un modelo atractivo y distante de la ignorancia -informada pero ignorancia- con la que suele abordarse nuestro territorio.

La tragedia de Villalar me lleva, por analogía nominal, a la relectura de «la tragedia de los comunes », conocido artículo del biólogo Garret Hardin que tuvo el mérito de cuestionar la racionalidad económica planteando el dilema del uso de los bienes públicos. Pionero de la responsabilidad en el uso de los recursos naturales, Hardin destacó cómo personas actuando racionalmente, sin incumplir la ley vigente, tienden a utilizar abusivamente los bienes comunes buscando su propio beneficio. La tragedia es, a largo plazo, la destrucción de dichos bienes. Porque lo que hoy está en juego es precisamente el principal logro de nuestra sociedad, la construcción de un complejo sistema de bienes públicos que no puede someterse a la tirarúa exclusiva de la racionalidad económica, hoy tan defendida con razones diversas por la UE y por el gobierno de España. En tiempos difíciles, grandes esperanzas, y una no pequeña es la que entreveo en la acción reciente del gobierno de nuestra Comunidad, en su modo de entender los servicios públicos fundamentales y en su propuesta de ordenación del territorio, sin duda discutibles en los detalles, pero idónea en sus fines, pegada a la mejor comprensión posible de lo que somos. Ello contrasta con lo que desde el mismo signo político parece fraguarse desde el Estado. Las Comunidades Autónomas son Estado. Quizás la dificultad ofrezca a Castilla y León la oportunidad perdida de defender su propio modelo, generado y consensuado en la Comunidad y defendido, en una intensa lucha colectiva, sin miedo a la derrota, porque se considera justo.

(Juan Luis de las Rivas Sanz, El Día de Valladolid – 23 de abríl de 2013)