Se trata de un documento estratégico, sin carácter normativo, que se alinea con la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas (2017) y con los compromisos internacionales asumidos por España a través de la Agenda 2030. El proceso de aprobación, liderado por el Ministerio de Fomento, ha sido apoyado por la oficina de ONU-Habitat en España.

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