La rehabilitación urbana es una práctica extremadamente reciente. Principalmente porque supone una acción pública en materia de urbanismo y vivienda que, en sí misma, corresponde a un periodo histórico cuyos inicios se identifican en Europa con las primeras décadas del siglo XX y, dentro de ello, porque la rehabilitación no se perfilaría como campo de acción pública hasta varios decenios más adelante, dependiendo de países. De hecho, en España, se trata de una práctica de acción pública que stricto sensu apenas cuenta tres décadas.

     Sin duda la principal referencia conceptual es hoy la establecida en la “Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles” (aprobada con ocasión de la Reunión Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial celebrada en Leipzig el 24/25 de mayo de 2007). Sin embargo dicha carta habla sobre todo del fomento de una “política integrada de desarrollo urbano” y de prestar especial atención a los “barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la ciudad”, sin utilizar en ningún caso las palabras rehabilitación o regeneración, utilizando en un solo caso la idea de “renovación del parque de viviendas”, pero como una oportunidad para la mejora de la eficiencia energética. Como continuación, en la Reunión Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano realizada el 22 de Junio de 2010 en Toledo, bajo la presidencia española de la Unión Europea, se aprueba la “Declaración de Toledo”, que ya reconoce la importancia de la renovación y la rehabilitación urbanas, desde diferentes perspectivas -social, productiva y urbana?, pero abarcando siempre la ciudad como totalidad funcional.

     El contexto que condiciona la toma de decisiones no está sólo definido por la realidad objetiva de las ciudades consolidadas, por lo que afecta el urbanismo y la vivienda, sino también por las construcciones conceptuales operantes en relación con la rehabilitación y, en particular, por la praxis urbanística y el marco jurídico de la rehabilitación urbana o integrada. Por ello, hay que aproximarse a ese marco cultural en la dimensión más amplia de las políticas públicas en la materia, esto es, la estatal, aunque sin obviar el más amplio marco de referencia de la Unión Europea.

     En sus más de 20 años de existencia, la concepción de los instrumentos de rehabilitación no han estado exentes de transformaciones. En la década de 1990, bajo la doble influencia de la descentralización autonómica y de las políticas europeas, la práctica de la rehabilitación urbana dejará de tener su eje en las áreas urbanas históricas y comenzará a alcanzar potencialmente, en virtud de la aplicación de una determinada interpretación del imperativo del desarrollo sostenible, a las áreas urbanas degradadas. A partir de ahí, ya en los albores del siglo XXI, la acción pública de mejora de áreas urbanas existentes apuntará una bifurcación hacia la renovación urbana, práctica obviada desde los años 70 y que, en este momento, en España, se presenta bajo presupuestos diversos de otros países de Europa.

     El Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León -PRICyL- que aquí se presenta, se propone como una herramienta de perfil estratégico y alcance “regional” dirigida a garantizar que la rehabilitación urbana y residencial sirva al cumplimiento de los objetivos de la política de vivienda en la Comunidad Autónoma a la vez que se contribuye al fomento de un desarrollo más sostenible, en la medida en que la rehabilitación integral plantea un ahorro directo de recursos al poner en valor los espacios urbanizados ya existentes.

     Efectivamente la “rehabilitación integral” tiene un extraordinario potencial para fortalecer, desde las perspectivas social, económica y ambiental, la calidad de los espacios urbanizados de las ciudades, villas y pueblos de Castilla y León, creando oportunidades de mejora de los espacios construidos y, en particular, de mejora del complejo patrimonio residencial existente.