En octubre de 2011 la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León plantea un documento denominado “Propuesta de la Junta de Castilla y León para iniciar los trabajos sobre un nuevo modelo de Ordenación y Gobierno del Territorio” cuyo principal contenido es la propuesta del desarrollo de Distritos de Interés Comunitario en Castilla y León –Rurales y Urbanos–, como apoyo al despliegue de dicho nuevo modelo y caracterizado por el fortalecimiento de los municipios de la Comunidad, sobre todo de los más pequeños.

Se forma para ello una mesa de trabajo cuya finalidad es alcanzar el máximo consenso posible sobre la posible reorganización del mapa local de la Comunidad, considerado el objetivo más elemental de lo que puede denominarse como “un nuevo modelo de Ordenación y Gobierno del Territorio”.

Castilla y León cuenta en materia de Ordenación del Territorio con un marco de actuación definido por la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Asimismo existe una formulación de objetivos y principios para la Comunidad en esta materia, establecidos en la Ley 3/2008, de 17 de junio, con la que se aprueban las “Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León”. Pero sobre todo, la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León ha ido promoviendo un complejo sistema de infraestructuras y equipamientos a lo largo del territorio de la Comunidad, con el fin de servir con equidad a toda la población, apoyándose en un rico sistema de municipios prestadores de servicios.

Sin embargo, la eficacia de los municipios es imprescindible si aspiramos a una verdadera mejora en el gobierno del territorio. El documento de referencia destaca el contexto actual de profunda crisis económica como una motivación añadida para resolver la posible ineficiencia de las administraciones públicas y en particular, de las más frágiles en nuestra Comunidad: el 76% de los 2.248 municipios que cuentan con menos de 500 habitantes, menos que muchas unidades vecinales. Se trata de ayudar a los municipios, cuya función es clave en la prestación de servicios a los ciudadanos y en la vertebración del territorio. Los objetivos y principios informadores del modelo son muy claros:

“Los objetivos de este modelo son:

• fortalecer a los municipios del ámbito rural, para que mediante su asociación voluntaria adquieran mayor volumen, fuerza y presencia.
• garantizar la prestación más eficiente de los servicios públicos.
• mejorar la coordinación de la planificación sectorial, estableciendo una referencia territorial mas precisa y dotando de mayor voz a los pequeños municipios en los asuntos que les afectan.
• fomentar un mayor equilibrio y cohesión territoriales en la Comunidad Autónoma a través de una mejora en la coordinación de las actuaciones de las administraciones públicas en el territorio.
• fomentar   progresivamente   una   adecuación   territorial   de   los   servicios   e   infraestructuras que desarrolla la Junta al nuevo modelo.
• clarificar las competencias de municipios, diputaciones, y Junta de Castilla y León, evitando duplicidades.

Dichos objetivos se cumplirán en el marco de los siguientes principios básicos:

• fomentando las economías de escala en el gobierno del territorio.
• evitando la creación de nuevas estructuras administrativas.
• conservando los municipios existentes, y su idiosincrasia, singularidad e identidad.
• facilitando la colaboración y cooperación entre Administraciones.
• simplificando administrativamente las gestiones públicas.”

El documento de referencia establece el modelo propuesto, que integra ordenación y gobierno del territorio, y se funda en la constitución ordenada de asociaciones voluntarias de municipios, denominadas “distritos de interés comunitario”, que serán las nuevas unidades básicas de la Ordenación del Territorio.

Los municipios mayores de 20.000 habitantes compondrán, sin necesidad de asociación, su propio distrito urbano, siendo los demás distritos rurales. Se establecerán sus funciones mediante la delegación de competencias municipales. El resultado será una optimización de los recursos de los municipios asociados y de las mancomunidades existentes, con una reorganización de las mismas.

A partir de estos trabajos, este nuevo modelo de ordenación y gobierno del territorio cristalizó en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León.