El derecho a la vivienda ha sido reconocido en los Tratados Internacionales como un derecho humano y ha sido incluido en el catálogo de derechos fundamentales, siendo la principal fuente la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El derecho a una vivienda digna, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la propia casa, el derecho a un albergue, el derecho a un refugio, el derecho a la tierra, los derechos habitacionales o derecho a la ciudad, son algunas expresiones utilizadas de forma indistinta para indicar la posición central de la vivienda como objeto de derechos humanos, sin embargo, el punto concordante es que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza una vivienda “adecuada”.

Tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establecen la necesidad de que los poderes públicos garanticen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Este mandato se ha hecho especialmente destacable en los últimos años en los que, como consecuencia de la crisis económica y de la situación del mercado inmobiliario, la capacidad de las familias para acceder y mantener en condiciones adecuadas la vivienda ha empeorado, siendo más necesario que nunca lograr la efectividad de las políticas públicas a la hora de garantizar este derecho.

De ahí la importancia de este Informe del CES, en el que pretendemos, basándonos en los datos del Documento Técnico que sirve de base para su elaboración, centrarnos en las políticas de vivienda desarrolladas en nuestra Comunidad, con el fin de poder plantear posibles estrategias para el impulso de un nuevo modelo de políticas de vivienda en Castilla y León.