La publicación de este número 29 de la revista Ciudades se produce en coincidencia con el septuagésimo aniversario de la aprobación de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana, hito del urbanismo contemporáneo español por cuanto fue el primer código urbanístico completo, en el que se establecieron principios e instrumentos para una ordenación sistemática del territorio. Supuso, por tanto, un paso decisivo en la modernización de la legislación urbanística y en la aplicación del planeamiento urbano en España, al que se venía aspirando desde principios del siglo XX. Aprovechando la efeméride, este número aborda esa institucionalización del planeamiento urbano, es decir, los procesos, actores y temporalidades implicados en la emergencia y posterior afianzamiento y despliegue del sistema urbanístico establecido en la Ley del Suelo de 1956.

Sin olvidar los antecedentes anteriores a la Guerra Civil (1936-39), entre los que cabe destacar el Estatuto Municipal de 1924 y su Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales, que reconocieron el urbanismo como competencia municipal y recopilaron los diversos instrumentos que se habían ido regulando a lo largo del último tercio del siglo XIX, la imposición del régimen franquista dio lugar a una nueva fase, inicialmente de experimentación práctica, administrativa y jurídica. Entre otras experiencias, la elaboración y posterior aprobación en 1946, mediante una ley especial, del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, y la creación al mismo tiempo de una Comisaría General encargada de su gestión (un sistema replicado en paralelo en Bilbao y Valencia), sirvieron de base para la Ley del Suelo de 1956, a la que muy poco después, en 1957, se sumó la creación del Ministerio de la Vivienda y de la Dirección General de Urbanismo, desgajada de la Dirección General de Arquitectura, mientras que en 1959 se creó la Gerencia de Urbanización como organismo encargado de la preparación de suelo.

En torno a este nuevo sistema urbanístico institucionalizado (incidiendo en su contexto político y técnico) construyen su discurso los seis artículos que componen la sección monográfica de este número 29 de Ciudades, cada uno desde perspectivas distintas que, en su conjunto, cubren sus distintas facetas.

El primer artículo, de Rodrigo Almonacid, se interesa por el papel del urbanismo en el intento de fascistización de España en los años iniciales del franquismo, es decir, atiende al intento de trasladar los principios ideológicos del “fascismo genérico” (totalitarismo, ultranacionalismo y palingenesia) al urbanismo y hacer así de este un instrumento al servicio del nuevo Estado. A este respecto, aborda las nociones de jerarquía y subordinación del planeamiento municipal al interés nacional, las fuentes de inspiración y legitimación histórica del nuevo urbanismo “orgánico” y el papel del urbanismo en la “reconstrucción” de España como expresiones de una fascistización que, sin embargo, tuvo un limitado alcance por el giro pragmático que experimentó el régimen a partir de mediados de los años cincuenta, siendo precisamente el urbanismo una de sus más claras manifestaciones. De hecho, algunos principios fundamentales de la Ley del Suelo de 1956, como la función social de la propiedad o la jerarquización del sistema de planes, guardan ciertas afinidades con la ideología falangista, si bien fueron sistemáticamente incumplidos en la práctica real, con la aquiescencia o incluso la contribución, más o menos explícita, de los propios organismos encargados precisamente de velar por ellos.

A continuación, el artículo de Céline Vaz estudia la práctica profesional del planeamiento urbano reflejada en el diploma de técnico urbanista del Instituto de Estudios de Administración Local (IEAL, creado en 1940). En paralelo a la institucionalización del urbanismo en su vertiente normativa y administrativa, el IEAL y los estudios que impulsó desde 1943 tuvieron un papel clave en su consolidación y reconocimiento como disciplina técnica autónoma, rompiendo su vinculación con la administración y la higiene urbanas característica de los modelos previos a la Guerra Civil, y cubriendo las limitaciones que la enseñanza del urbanismo tuvo en las escuelas de arquitectura e ingeniería hasta la implantación de los planes de estudios de 1957 y 1964. Asimismo, a través del análisis de la formación previa de sus estudiantes, de las materias impartidas y del plantel de docentes, el artículo constata que el diploma contribuyó a consolidar la vinculación entre arquitectura y urbanismo. Así, tanto candidatos como egresados eran muy mayoritariamente arquitectos, que también impartían la mayor parte de las clases de un diploma que, aun reconociendo la condición multidisciplinar del urbanismo, lo identificó claramente con la práctica del planeamiento.

En todos estos procesos que contribuyeron a la institucionalización del urbanismo en España tuvieron también una gran relevancia las influencias internacionales, plasmadas en aspectos sustanciales de la Ley del Suelo del 1956, como el sistema de planeamiento municipal, en el que el plan general y el plan parcial tienen un claro correlato en las figuras equivalentes de la ley urbanística italiana de 1942. Asimismo, ya desde principios del siglo XX fueron varios los técnicos españoles que participaron de redes internacionales de difusión del urbanismo, como la International Federation for Housing and Town Planning (IFHTP). A esta relevante cuestión se refiere precisamente el artículo de María Cristina García-González y Salvador Guerrero, que se centra en la Federación del Urbanismo y de la Vivienda (FUV), una iniciativa privada impulsada por César Cort, una de las principales figuras del urbanismo español de este periodo. En concreto, el artículo se centra en los congresos que la FUV organizó en Oporto en 1951 y en Palma de Mallorca en 1954, y que dieron luego paso a la consolidación de la celebración del Día Mundial del Urbanismo en España. Ambos se interpretan como expresión de la puesta en valor de la institucionalización del urbanismo y de incipiente apertura internacional a través de una red trasnacional limitada y que, de hecho, no supo trascender.

Además de su génesis y consolidación inicial, la institucionalización también puede estudiarse desde una perspectiva temporal más amplia, observando el modo en que el sistema urbanístico establecido en la Ley del Suelo de 1956 se ha mantenido y actualizado hasta nuestros días, en función de la evolución política, económica y social. A este respecto, hay que destacar que el retorno de la democracia tras la muerte de Franco no supuso el cuestionamiento del marco legal y de la práctica del urbanismo definidos durante su dictadura, que se han mantenido en buena medida hasta nuestros días. De hecho, la Ley del Suelo de 1956 y su importante reforma aprobada en 1975 fueron una evidente fuente de inspiración para las leyes de urbanismo aprobadas por las Comunidades Autónomas en los años 90 y 2000, por lo que muchas de las normas, procedimientos y prácticas de ordenación del territorio que ayudaron a implantar siguen vigentes, a pesar del tiempo transcurrido y la sucesión de cambios y reformas. Esta perspectiva, que recorre los setenta años transcurridos desde la aprobación de la Ley del Suelo de 1956 y que conecta directamente con el presente, caracteriza precisamente los dos siguientes artículos.

Así, el artículo de Felipe Iglesias se centra en la ejecución del planeamiento recogida en la Ley del Suelo de 1956, analizando sus características básicas y evidenciando tanto su relación con el pasado (las propuestas que ya planteara Ildefonso Cerdá) como con el presente (sus efectos sobre la normativa hoy vigente), para realizar a partir de ello una crítica del actual sistema de gestión urbanística, con propuestas de mejora que inciden en el papel protagonista que siguen teniendo los propietarios del suelo y en el alcance de la cesiones a que se ven obligados. Por su parte, el artículo de Juan Antonio Lobato y Pedro Górgolas identifica y caracteriza tres ciclos sucesivos de modificación del sistema urbanístico establecido en la Ley del Suelo de 1956 que comparten una misma perspectiva desregulatoria: el urbanismo concertado que preconizó la reforma de 1975, la liberalización del suelo que planteó la reforma de 1998 y las tendencias actuales de “simplificación” y “flexibilización” que se observan en numerosas modificaciones de las leyes urbanísticas autonómicas. A este respecto, señalan el riesgo de que se diluya el papel del planeamiento como instrumento rector de la política urbano-territorial, bajo dirección y control de la Administración.

Finalmente, cierra la sección monográfica el artículo de Paolo Galuzzi y Marika Fior, que asume la misma perspectiva temporal que los dos textos anteriores, pero refiriéndola a otro caso, paralelo al de España y de gran interés: el de Italia. Partiendo de la ya mencionada ley urbanística de 1942, que tuvo como se ha dicho una clara influencia en la Ley del Suelo de 1956, el artículo caracteriza la evolución del sistema urbanístico italiano a través de sucesivas fases de reforma que llegan hasta la actualidad: desde la “reforma gradual” implementada en los años 60 y 70 hasta el “federalismo urbanístico” derivado de la asunción de competencias normativas por parte de las regiones, en un proceso muy similar al ocurrido en España pocos años después. Respecto al momento actual, el artículo expone similares cuestiones a las que protagonizan hoy el debate en España, tales como la obsolescencia del marco normativo en relación con los retos actuales, o la excesiva fragmentación y proliferación de normas sectoriales, para enlazar con la propuesta promovida desde el Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) de una “ley de principios” a escala nacional que plantea una “refundación conceptual y normativa” del gobierno del territorio.

Estos tres últimos artículos evidencian que, en una disciplina consustancialmente proyectiva como es el planeamiento urbano, las miradas al pasado no se agotan en el mejor conocimiento de la historia (sus procesos, sus actores, sus temporalidades), que es ya algo valioso en sí mismo, sino que, además, en muchas ocasiones, estimulan reflexiones útiles sobre la situación del urbanismo en el momento actual. La ordenación integral del territorio y la disposición de instrumentos eficaces para ello impulsó la aprobación de la Ley del Suelo de 1956, que materializó aspiraciones que ya venían manifestándose con anterioridad, y que siguen siendo hoy plenamente vigentes. A este respecto, la sección monográfica de este número 29 de Ciudades ha pretendido contribuir a repensar el urbanismo desde “la convicción de la necesidad del planeamiento” y “la idea de que el urbanismo debe ser una función pública al servicio de todos”, que constituyen, de hecho, el propio ideario con que se identifica esta revista.

Junto a los seis artículos que componen la sección monográfica, se añaden a este número 29 los cuatro artículos de la sección miscelánea. El primero de ellos, de Frățiman Andreea-Alexandra y José Ramón Sola, presenta un interesante caso enmarcado en el contexto de la Guerra Fría, concretamente la influencia de la CIA en la ciudad de Brăila (Rumanía). A continuación, el artículo de Camilo Alejandro Moreno aborda la composición social del centro de Bogotá, a partir de fuentes estadísticas que evidencian procesos de transformación. Por su parte, el artículo de Carmen Blasco, Francisco Juan Martínez, Miguel Mansilla y Julia Cano actualiza perspectivas sobre la reforma interior a través de dos de las principales avenidas abiertas en el centro de Valencia, mientras que el artículo de Hugo Capellà, Miquel Grimalt y Joan Bauzà plantea la noción de “dualidad urbana” como elemento interpretativo vinculado a la insularidad, refiriéndose en concreto a la isla de Mallorca y a tres de sus poblaciones.

En último lugar, completan este número las cinco reseñas de libros recientemente publicados que se incluyen en la sección final. Las dos primeras reseñas comparten una misma vinculación con el problema de la vivienda, de plena actualidad en España y que es el objeto de las obras de Javier Burón (El problema de la vivienda: Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España) y Javier Gil (Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad), reseñadas respectivamente por Arturo Vicente y Julio César Arnaiz. Seguidamente, se incluyen las reseñas de Nerea Morán sobre el libro Barcellona/Madrid: un dialogo critico tra due città, de Agustín Hernández Aja y Oriol Nel·lo; de Victoriano Sainz sobre el libro Ceuta circa 1930: la construcción de la ciudad funcional, de María Cristina García González y Salvador Guerrero; y de Guillermo Pavón sobre el libro Manuel Trillo de Leyva. Obra completa 1964-2005, coordinador y editado por Amadeo Ramos Carranza y Valentín Trillo Martínez.

Junto con su función habitual de presentar los contenidos del número, este editorial debe cumplir en esta ocasión otra función adicional, en la medida en que con este número 29 concluye la labor de Luis Santos y Ganges como director de la revista Ciudades, que asumió en el año 2014, tras haber sido previamente, desde 2007, jefe de redacción (y miembro del Consejo de Redacción desde 2004). Han sido, por tanto, muchos años de servicio plenamente comprometido y entregado a esta revista, que han hecho posible su continuidad y su crecimiento, para que siga hoy cumpliendo los objetivos con que se fundó en 1993, pero habiéndose adaptado con éxito a los requisitos actualmente exigibles a cualquier revista científica. En consecuencia, el Consejo de Redacción de la revista, y el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid como entidad editora, desean hacer constar en este editorial su mayor agradecimiento a Luis Santos y Ganges por la excelente labor desempeñada, desde el convencimiento de que ha sentado las bases para que esta revista pueda aspirar a un futuro que, esperamos, sea largo y fecundo.

Valladolid, mayo de 2026